Cdmx, junio 04 de 2025.
Pedro
* Fiscalía General de la República tiene vía libre para arrestar a Silvano Aureoles.
Este miércoles.04 de junio la Juez Jovita Vargas, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, notificó su decisión de negar el amparo interpuesto por Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, contra la orden de aprehensión por el desfalco millonario perpetrado en el Estado que gobernó, cuyo mandamiento judicial seguirá vigente.
Sin embargo, aunque la resolución no esté firme aún, el exgobernador no cuenta con ninguna medida que impida a la Fiscalía General de la República detenerlo.
Toda vez que la titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, ante quien Aureoles también pidió amparo, le negó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que reclamó.
Por su parte, la FGR busca procesar a Silvano Aureoles por el desfalco de 3 mil 412 millones 164 mil 310.69 pesos por la contratación directa de Inmobiliaria DYF para la renta y posterior adquisición de 7 terrenos, en los que serían construidos los cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán.
Por tal motivo, la Juez de Control, Patricia Sánchez Nava, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, emitió orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y cuatro de sus excolaboradores por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta.
Igualmente, la Jueza de amparo señaló que la orden de captura contra Aureoles, únicamente tiene como objetivo lograr su presentación ante la autoridad inicial que lo requiere y que pueda ser imputado en la audiencia inicial.
La síntesis de la resolución notificada por la Juez, señala: "La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Silvano Aureoles Conejo", pero la sentencia puede ser impugnada por el exmandatario estatal mediante un recurso de revisión.
Sin embargo, aunque la resolución no esté firme aún, el exgobernador no cuenta con ninguna medida que impida a la Fiscalía General de la República detenerlo.
Toda vez que la titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, ante quien Aureoles también pidió amparo, le negó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que reclamó.
Por su parte, la FGR busca procesar a Silvano Aureoles por el desfalco de 3 mil 412 millones 164 mil 310.69 pesos por la contratación directa de Inmobiliaria DYF para la renta y posterior adquisición de 7 terrenos, en los que serían construidos los cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán.
La Institución asegura que los montos pagados por el Gobierno de Michoacán fueron a sobreprecio, además, de que las obras están inconclusas y que los servicios que contrató, posteriormente, con la misma empresa para limpieza y mantenimiento sólo fueron simulados.
Así mismo, la FGR afirma que Aureoles Conejo pudo cometer un perjuicio al erario de mil 52 millones 222 mil 490 pesos, una tercera parte del desfalco total por haber permitido concretar la compraventa de los 7 inmuebles a un precio por encima del que les correspondía.
Por tal motivo, la Juez de Control, Patricia Sánchez Nava, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, emitió orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y cuatro de sus excolaboradores por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta.
Igualmente, la Jueza de amparo señaló que la orden de captura contra Aureoles, únicamente tiene como objetivo lograr su presentación ante la autoridad inicial que lo requiere y que pueda ser imputado en la audiencia inicial.
De la misma manera, detalló: "La orden de aprehensión es una medida transitoria, cuya vigencia es desde que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se le pone a disposición del Juez que la dictó, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación".
Y, añadió: "De ahí que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado"
