Cdmx, septiembre 07 de 2024.
Pedro Moreno
*Obligados por guerra del crimen organizado pobladores de la Costa y de Tierra Caliente de Michoacán huyen de sus hogares.
Organizaciones sociales y religiosas emitieron un comunicado en el que exigieron a las autoridades atención inmediata para las víctimas.
En un documento enviado al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador de Michoacán Alfre.do Ramírez Bedolla, los activistas denuncian que los nuevos episodios de extrema violencia entre grupos criminales también dejaron al menos 17 desaparecidos.
Sobre los 17 pobladores, señalaron que son de la comunidad El Salitre de Estiopila, Municipio de Chinicuila, quienes "se quedaron a hacerle frente al grupo beligerante para defender sus hogares y que actualmente se encuentran desaparecidos".
Así mismo, denuncian que en las últimas semanas, más de 550 personas han sufrido desplazamiento forzado a causa de la violencia en las comunidades de la Costa y Tierra Caliente, Michoacan.
En el pronunciamiento que también fue dirigido a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y a las Autoridades Militares, dichas organizaciones advierten que desde el 24 de agosto pasado "se ha registrado una serie de agresiones criminales contra comunidades indígenas y campesinas de los Municipios de Aquila, Chinicuila y Coahuayana, entre la frontera con el vecino estado de Colima y la zona limítrofe de estas municipalidades".
Igualmente detallaron: "Los enfrentamientos amenazan la seguridad personal de la ciudadanía que habitan las comunidades Nahuas de Santa María Ostula y Coire en Aquila; El Camalote y El Amatique en Coahuayana y comunidades nahuas de Chinicuila como Huizontla, Coahuayula y El Salitre de Estiolpila, sin óbice a incluir otras de las que no tengamos noticia hasta el momento".
Cabe mencionar que el comunicado fue suscrito por las siguientes organizaciones:
Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, El Buen Samaritano AC, Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem), así como las Diócesis de Apatzingán y Lázaro Cárdenas, entre otras, en cuyo comunicado destacan que las víctimas padecen "una crisis humanitaria y sanitaria, así como afectaciones a los habitantes locales, debido al súbito incremento de población, al no contar con capacidad institucional instalada para afrontar esta circunstancia".
Agregan que, desde el 3 de abril, la región en conflicto ya había vivido incursiones de un grupo criminal, que afectó a las comunidades de Palos Marías, El Órgano y Zapotán, así como el incendio provocado de un vehículo de carga pesada en el puente que comunica a Coahuayana con el estado de Colima, que obstruyó el.tráfico interestatal durante la tarde del 22 de agosto.
De la misma manera, los denunciantes expresaron que durante los eventos más recientes se han reportado familias desplazadas desde Aquila, quienes han buscado refugio en localidades de su propio Municipio y en Coahuayana, mientras que también en este último lugar han buscado refugio familias procedentes de Chinicuila, muchas de las cuales tuvieron que huir sin su documentación.
Agregan que, desde el 3 de abril, la región en conflicto ya había vivido incursiones de un grupo criminal, que afectó a las comunidades de Palos Marías, El Órgano y Zapotán, así como el incendio provocado de un vehículo de carga pesada en el puente que comunica a Coahuayana con el estado de Colima, que obstruyó el.tráfico interestatal durante la tarde del 22 de agosto.
De la misma manera, los denunciantes expresaron que durante los eventos más recientes se han reportado familias desplazadas desde Aquila, quienes han buscado refugio en localidades de su propio Municipio y en Coahuayana, mientras que también en este último lugar han buscado refugio familias procedentes de Chinicuila, muchas de las cuales tuvieron que huir sin su documentación.
De acuerdo con datos de organizaciones locales de la sociedad civil, las personas desplazadas en Coahuayana ascienden a 158 víctimas, mientras que en Aquila son 250 personas, la mayoría de ellas mujeres, niñas y niños, así como dos mujeres en estado de embarazo.
Estas agrupaciones añadieron que otro caso de desplazamiento forzado ocurrió el pasado 27 de agosto en las comunidades de La Higuerita, Las Paredes, El Caracol, Hacienda de la Luna y Garachico, del Municipio de Buenavista, siendo más de 150 personas afectadas, con la probabilidad de que esta cifra aumente durante las siguientes horas.
Al respecto, manifestaron: "Tenemos conocimiento de que al menos los ayuntamientos de Aquila y de Tancítaro enviaron solicitudes formales a la Secretaría del Migrante para su intervención, ya que en esa Secretaría recae la coordinación de la política pública del estado en materia de Desplazamiento Forzado Interno (DFI), en tanto que funge como Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado del Estado de Michoacán de Ocampo, organismo que tiene la responsabilidad y la capacidad de responder a la altura de esta circunstancia".
El pasado miércoles 28 de agosto, el Comité de representantes de la referida sociedad civil, enviaron un apercibimiento al Gobernador Ramirez Bedolla y a la Secretaria del Migrante, mediante el cual, entre otros puntos, consideraron que debe agilizarse el proceso legislativo para la aprobación de la Ley Estatal para la Prevención y Atención Integral del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Michoacán, para contar con las capacidades institucionales debidamente normadas con el cumplimiento de ese propósito.
Así mismo, señalaron que la falta de la ley les obliga a formular mecanismos de reacción oportuna y rutas de atención institucional que respondan a las necesidades de las Personas Desplazadas Internas.
Dichos delegados indican que hasta este viernes 06 de septiembre no habían recibido respuesta formal a su apercibimiento, detallando que una parte de los habitantes de las poblaciones desplazadas recibieron visitas de misiones interinstitucionales con ayuda emergente, pero no se solicitó asistencia de la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, organisaciones que actualmente sostiene un convenio de colaboración con el Gobierno de Michoacán.
Dichos delegados indican que hasta este viernes 06 de septiembre no habían recibido respuesta formal a su apercibimiento, detallando que una parte de los habitantes de las poblaciones desplazadas recibieron visitas de misiones interinstitucionales con ayuda emergente, pero no se solicitó asistencia de la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, organisaciones que actualmente sostiene un convenio de colaboración con el Gobierno de Michoacán.
De la misma manera manifestaron que se han reportado grupos de familias desplazadas con dirección al Estado de Colima, pero, explicaron: "no hay conocimiento certero del levantamiento adecuado de padrones de personas desplazadas en albergues o dispersas en domicilios particulares de acogida, que sean útiles para conmensurar la escala de la emergencia humanitaria; hasta donde sabemos, tampoco se han realizado evaluaciones emergentes de necesidades ni de riesgo con base en el Instrumento que para ese fin desarrolló la Secretaría del Migrante con la asesoría técnica de ACNUR".
Trascendió que actualmente grupos de la sociedad civil están organizando acopio de víveres, ventiladores, pabellones antimosquitos, productos sanitarios y de higiene, así como parrillas eléctricas para la preparación de alimentos, junto con servicios de contención emocional y otros que puedan proporcionarse en coordinación con el Consejo Michoacano para la Construcción de Paz y la Reconciliación.
Sin embargo, puntualizaron:"Esta ayuda no podrá brindarse en condiciones de seguridad mientras persistan las agresiones criminales en la región, además de representar sólo un bálsamo provisional ante la violación de las libertades y garantías constitucionales de las personas desplazadas, quienes han tenido que abandonar su hogares y patrimonios".
Por tal motivo, entre otras cosas, exigieron que tanto el Gobierno Federal como el del Estado desplieguen las medidas de Seguridad Pública conducentes, para el cese permanente de las hostilidades en los Municipios de Aquila, Buenavista, Chinicuila, Coahuayana y Tancítaro, así como en sus Municipios vecinos.
En el.referido comunicado, los denunciantes también demandaron.
que los Gobiernos Federal y Estatal construyan esquemas de soluciones duraderas y atiendan las causas estructurales que generan el Desplazamiento Forzado Interno en Michoacán, para generar las condiciones de un retorno seguro de las personas desplazadas a sus comunidades de origen.
Trascendió que actualmente grupos de la sociedad civil están organizando acopio de víveres, ventiladores, pabellones antimosquitos, productos sanitarios y de higiene, así como parrillas eléctricas para la preparación de alimentos, junto con servicios de contención emocional y otros que puedan proporcionarse en coordinación con el Consejo Michoacano para la Construcción de Paz y la Reconciliación.
Sin embargo, puntualizaron:"Esta ayuda no podrá brindarse en condiciones de seguridad mientras persistan las agresiones criminales en la región, además de representar sólo un bálsamo provisional ante la violación de las libertades y garantías constitucionales de las personas desplazadas, quienes han tenido que abandonar su hogares y patrimonios".
Por tal motivo, entre otras cosas, exigieron que tanto el Gobierno Federal como el del Estado desplieguen las medidas de Seguridad Pública conducentes, para el cese permanente de las hostilidades en los Municipios de Aquila, Buenavista, Chinicuila, Coahuayana y Tancítaro, así como en sus Municipios vecinos.
En el.referido comunicado, los denunciantes también demandaron.
que los Gobiernos Federal y Estatal construyan esquemas de soluciones duraderas y atiendan las causas estructurales que generan el Desplazamiento Forzado Interno en Michoacán, para generar las condiciones de un retorno seguro de las personas desplazadas a sus comunidades de origen.
Por su parte, el pasado jueves 05 de septiembre, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán exhortó a las autoridades para que den atención inmediata a los desplazados de la costa michoacana, específicamente a los de las comunidades de pueblos originarios náhuatl, tales como El Coire, Municipio de Aquila; El Camalote y El Amatique, del Ayuntamiento de Coahuayana; El Salitre de Estiopila, de la Alcaldía de Huizantla y Coahuayula, del Municipio de ŵChinicuila.
Mediante un breve comunicado, el organismo manifestó que
Mediante un breve comunicado, el organismo manifestó que
Así mismo, el organismo a través de un comunicado dirigido a la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del estado, al Ayuntamientos de Coahuyana, Aquila y Chinicuila, así como a sus respectivos cuerpos de Seguridad Público Municipal, dio a conocer que ante las diversas publicaciones realizadas en medios digitales, mediante las cuales los desplazados de las mencionadas comunidades de origen náhuatl , piden ayuda.
Por lo que solicitan: "Atender a las víctimas en situación de desplazamiento forzado y todos los Derechos Humanos que ello conlleva, como a la vivienda, alimentación, salud, seguridad y educación, entre otros".
