La tarde de este jueves 02 de abril, una avioneta modelo Cessna 172, se desplomó en terrenos de cultivo en Santa Ana Xalmimilulco, Municipio de Huejotzingo, en el Estado de Puebla, dejando un saldo de cuatro personas muertas. Un video captó el momento exacto en que la aeronave cayó.

En la avioneta viajaban dos pasajeros, el piloto y el copiloto, la cual presuntamente pertenece a una escuela de aviación y viajaba con dirección a Poza Rica, Veracruz,  sin embargo, perdió altura y cayó cerca de la empresa "Mexicana de Industrias". 

En el video difundido en redes sociales se observa cómo la avioneta pierde estabilidad en el aire antes de impactarse contra el suelo. 

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente se habría originado por una falla mecánica, lo que obligó a intentar un aterrizaje forzoso sin éxito.

Trascendió que en la avioneta viajaban cuatro personas, a pesar de que este tipo de aeronave ligera está diseñada para transportar únicamente a dos pasajeros, lo que podría haber influido en el accidente.

Inicialmente el saldo fue de tres personas muertas en el lugar y una más en un hospital del sector Salud. Las personas fallecidas fueron identificadas como Paulo Antonio Vélez V., Marcos Omar Martínez Tavera y Ramsés Olin Zaragoza Burgos (Pilotos y pasajero).

Mientras que el cuarto pasajero, identiificado como Emilio Gil Ramírez, logró sobrevivir y ser estabilizado, por lo cual fue trasladado en ambulancia a un hospital en la capital de Puebla, donde minutos antes de las 15:00 horas también falleció.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial las causas del accidente; pero, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el motivo del desplome de la referida avioneta.

La unidad quedó en un terreno dentro del Parque Quetzalcóatl, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas  (ONU por sus siglas en inglés).decidió llevar la situación de México "con carácter urgente" ante la Asamblea General, al activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, un mecanismo reservado para casos de especial gravedad.

Cabe mencionar que el artículo 34 de la Convención establece: "Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas".

Asi mismo, el organismo advierte que, bajo el derecho internacional, la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas puede constituir un "crimen de lesa humanidad". 

Igualmente, el Comité detalló que solicitó al Secretario General de la ONU remitir a la Asamblea General no solo esta decisión, sino también los informes, observaciones y la información presentada por organizaciones de la sociedad civil para su consideración.

De la misma manera, plantea que la Asamblea General valore acciones concretas, entre ellas brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en tareas de búsqueda, análisis forense e investigación de desapariciones, así como en el esclarecimiento de posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

También, el Comité propone la creación de un mecanismo eficaz para garantizar la verdad, la protección y la asistencia a las familias de personas desaparecidas, además de respaldar a organizaciones y defensores que las acompañan .

El Consejo reafirma su disposición de mantener la cooperación con el Estado Mexicano y subraya que la activación del artículo 34 no debe interpretarse como una sanción, sino como una herramienta para fortalecer el diálogo y la colaboración internacional frente a la crisis.

En el documento se menciona más de una década de observaciones, en las que el Comité advierte de un problema estructural que no ha logrado contenerse, señalado que:

"En cada etapa de su interacción con el Estado Parte, el Comité le ha transmitido preocupaciones y recomendaciones, instándole a adoptar medidas concretas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas; a buscar y localizar a las personas desaparecidas, y a promover los derechos de las víctimas".

Además, como muestra de la gravedad de la situación, el Comité mencionó el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, en su mayoría no identificados.

También, el organismo indicó que muchas de estas desapariciones se producen en el contexto de la "guerra contra las drogas" a nivel nacional, aunque sin indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas, con sospechas de que muchas son perpetradas por grupos delictivos.

Sin embargo, advirtieron los expertos, en algunos casos denunciados las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia.

La solicitud del grupo de expertos se ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita el caso urgentemente a la Asamblea General.

Las medidas que podría adoptar la Asamblea General, según el Comité, podrían incluir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva tanto de las desapariciones como de los vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado.

El pasado 26 de marzo, tras una persecución que concluyó en la colonia Chapultepec Segunda Sección, de la alcaldía Miguel Hidalgo, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a cuatro colombianos que robaron a los tripunates de una camioneta transportadora de valores.

Por la frecuencia de radio, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, informaron a los policías en campo, del robo a los tripulantes de una camioneta de valores, en el Periférico Sur, de la colonia Jardines del Pedregal, por lo que rápidamente se trasladaron al sitio. 

Al llegar, se entrevistaron con un trabajador de 56 años de edad quien refirió que, junto con sus compañeros, realizarían la entrega de dinero en efectivo a un edificio corporativo localizado en ese sitio, cuando varias personas los interceptaron, los amenazaron con armas de fuego y desapoderaron de dos maletas con el numerario.

Los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, informaron que daban seguimiento a los probables responsables que viajaban a bordo de motocicletas y quienes circulaban en sentido contrario del segundo piso del Periférico.

Con apoyo de efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se implementó un dispositivo para cerrarles el paso. 

A la altua de dicha vialidad primaria y la calle Alencastre, en la colonia Chapultepec Segunda Sección, de la alcaldía Miguel Hidalgo, los uniformados interceptaron las dos motocicletas; en ese momento el conductor de una de ellas quiso evitar el corte vial para continuar con su fuga, lo que provocó que derrapara. 

De inmediato, los oficiales detuvieron a los cuatro sujetos a quienes les realizaron una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual les aseguraron las dos motocicletas con permisos provisionales, una bolsa de plástico con dinero en efectivo, dos armas de fuego cortas, 32 cartuchos útiles y tres chalecos balísticos. 

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que arribaron al lugar, valoraron a los lesionados de 26 y 40 años de edad, este último de origen colombiano, y los diagnosticaron con fracturas en fémur y tibia, respectivamente, por lo que fueron trasladados bajo custodia policial a un hospital para su atención médica especializada; posteriormente, el ciudadano extranjero perdió la vida. 

En tanto, los otros dos hombres de 48 y 44 años de edad, también ciudadanos colombianos, fueron detenidos, les informaron de sus derechos de ley, y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará el conteo del dinero hallado en la maleta.