Modificaciones al TUA para grupos aeroportuarios cambia condiciones del mercado aéreo
*Se deberá aplicar para el AICM y AIFA  reprochan GAP, OMA y Asur
Lino Calderón

Tras la firma de un decreto presidencial la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) cambió de última hora una serie de disposiciones en materia de regulación tarifaria para los grupos aeroportuarios que operan en el país, esto representa que en el corto plazo se transforme el mercado aéreo y demás servicios complementarios.
Así lo informaron los tres principales grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP), del Centro Norte (OMA) y del Sureste (ASUR), de manera independiente en comunicados enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Aunque no detallaron en qué consistieron los cambios, comentaron que se modificaron las bases de la regulación tarifaria establecidas en el Anexo 7 de los contratos de concesión celebrados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desde junio de 1998 y marzo de 1999.
En sus comunicados, cada grupo aeroportuario expresó que se encuentra analizando los posibles impactos que pudiera tener la decisión de las autoridades, tanto en términos financieros como operativos.
"Las condiciones establecidas en la presente Concesión podrán revisarse y modificarse por acuerdo entre la Secretaría y el Concesionario, de conformidad con la Ley y demás disposiciones aplicables", puntualizó ASUR, que opera los aeropuertos de Cancún, Mérida, Oaxaca, Veracruz, Villahermosa, entre otros de la región.
A inicios de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que dotó de nuevas facultades a la AFAC, con el fin de garantizar la seguridad aérea nacional.
Entre los cambios destaca que la AFAC podrá efectuar la investigación administrativa y de seguridad aérea, así como imponer las medidas pertinentes y vigilar su ejecución.
También se estableció que el organismo será el encargado de autorizar a empresas, unidades administrativas o cualquier otro interesado en obtener un permiso para comenzar su formación como personal técnico-aeronáutico, así como suspender y revocar dichas autorizaciones.
Los títulos de los tres principales operadores aeroportuarios de México —Grupo Aeroportuario del Pacífico (Gap), Grupo Aeroportuario del Centro Norte (Oma) y Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur)— se han hundido este jueves hasta un 40% en el arranque de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El desplome llevó al parqué financiero a interrumpir temporalmente la negociación de estas emisoras para luego reactivarlas y a media jornada, las acciones de GAP caían un 21,6%; las de OMA 29%; y Asur un 17,3%. El batacazo para los concesionarios ocurre después de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) modificara la estructura tarifaria de los aeródromos, pero aún se desconocen los puntos finos de estos cambios en los pagos que deberán pagar los concesionarios. La incertidumbre sobre el sector también arrastró a la BMV, que cayó hasta un 4,4% a 48.501,14 puntos, su peor nivel en el año.
"Gap recibió una notificación de la AFAC, informando que ha decidido, de forma unilateral y sin previa comunicación con la compañía, modificar con efecto inmediato las bases de la regulación tarifaria establecidas en los contratos de concesión. GAP se encuentra evaluando el impacto potencial que los cambios a las bases de regulación tarifaria pueden tener en su negocio, resultados de operación y situación financiera", mencionó este concesionario que opera 12 aeropuertos en el país, donde destaca Guadalajara. Los otros dos grupos lanzaron un par de comunicados en el mismo sentido.
Las concesiones aeroportuarias fueron otorgadas a los privados desde 1998 a través de títulos para cada uno de los aeropuertos operados por Asur, Oma y Gap. De acuerdo con la ley aeroportuaria mexicana, las tarifas máximas aplicables se definen con base en un plan maestro de desarrollo que se revisa cada cinco años, pero pueden ser ajustadas por la inflación y de manera extraordinaria por el Gobierno. De acuerdo con el análisis de la medida hecha por Intercam, mientras no se conozca el impacto en el ajuste de las tarifas, es difícil estimar el impacto en sus resultados. "Pero sin duda veremos afectaciones en ingresos, márgenes y flujo de efectivo. Al mismo tiempo, es complejo dilucidar si ya están incorporadas en los precios actuales, por lo tanto, recomendamos cautela", refirió la analista Alejandra Marcos.
De acuerdo con la financiera, el aeropuerto con la menor exposición a estas modificaciones es Asur porque tiene también la concesión del aeropuerto de Puerto Rico y de algunos aeropuertos en Colombia. Para Asur, el 72% de sus ingresos provienen de México y de estos el 63.9% son regulados. En el caso de Gap el 95% de sus ingresos son provenientes de sus operaciones en México, en tanto el 76% son regulados y sujetos a las modificaciones. Finalmente, Oma tiene la mayor exposición porque el 100% de sus ingresos están en México y el 76% provienen de ingresos regulados.
Para Brian Rodríguez, de Monex, en el corto plazo, será importante evaluar si dichas modificaciones a las tarifas solo contemplan cambios a nivel de TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario) o se pudiera ampliar a otras tarifas como el estacionamiento de aeronaves, el traslado de pasajeros desde la aeronave al aeropuerto y arrendamiento de espacios para terceros. "Dicha noticia es negativa para el sector, generando un importante periodo de volatilidad en el precio de las acciones. Sin embargo, será relevante conocer los detalles de las revisiones a las tarifas, lo que nos permitirá evaluar el posible impacto a nivel de ingresos aeronáuticos, la generación de flujo, así como los márgenes operativos del sector", zanjó.
En las últimas semanas, el Gobierno de López Obrador ha aumentado su injerencia en el sector al anunciar la próxima reducción de operaciones aéreas en al aeropuerto Internacional Benito Juárez, así como la venta de boletos para la reactivación de la aerolínea estatal Mexicana.
Los ajustes a las bases de regulación tarifaria que el gobierno de México busca aplicar a los tres grupos aeroportuarios privados del país, supondría una afectación a la competencia en caso de no aplicarse también a los aeropuertos administrados por dependencias o entes gubernamentales.
  Los cambios, informados hace un par de días a los grupos aeroportuarios del Sureste (Asur), del Pacífico (GAP) y Centro Norte (OMA), --y que parecen apuntar a reducir la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA)-- también deberían aplicarse al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que son operador por las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena), respectivamente.
 "No es piso parejo", dijo Juan Carlos Machorro, socio a cargo de la división transaccional y experto en derecho aeroportuario de la firma legal Santamarina Steta, en entrevista con Axis negocios. "[es] un trato discriminatorio a los inversionistas privados".
Las modificaciones fueron informadas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el regulador del transporte aéreo del país, en una decisión que además de ser inmediata, fue calificada por las tres compañías privadas como "unilateral". La poca información hecha pública provocó que las tres empresas perdiaran en conjunto aproximadamente cuatro mil millones de dólares de valor de mercado en una sola jornada, lo que representa el valor de todas las acciones de OMA hasta antes de que las empresas dieran a conocer el hecho.
 Sin embargo, para cambios relacionados con lo informado por los grupos aeroportuarios, explicó el especialista, es necesario contar con la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) --uno de los organismos autónomos que más ha confrontado el gobierno--, quien a su vez debería realizar un análisis sobre las condiciones de cada uno de los 33 aeropuertos controlados por los grupos.
 "Si están pretendiendo reducir una tarifa, es porque están considerando que no existen condiciones razonables de competencia", apuntó. "Tampoco se vale decir reduzcámosles en 'tanto por ciento' la TUA a todos los privados, pero a los míos no".
 Si bien ni la autoridad ni las empresas proporcionaron mayores detalles de los cambios, reportes periodísticos señalan que los ajustes están encaminados a reducir entre 5 y 8% la TUA, lo que los grupos aeroportuarios cobran a los usuarios de las terminales aéreas a través de las aerolíneas.
El porcentaje que el gobierno busca reducir a la TUA podría parecer pequeño, pero son cifras considerables si se toma en cuenta que los ingresos obtenidos por los grupos aeroportuarios son multimillonarias, dijo Machorro.
En lo que va de 2023, los ingresos relacionados con TUA en México representaron entre 77 y 87% de los ingresos aeronáuticos de los tres grupos aeroportuarios, o entre 47 y 54% si se comparan con los ingresos totales reportados.
 Incluso GAP en su último reporte trimestral explicó el aumento de sus ingresos por aeropuertos en México a partir del aumento del tráfico de pasajeros y del cumplimiento del 99% de las tarifas máximas permitidas.
 Pero además de los temas de competencia, la aplicación de los cambios también podría generar un conflicto internacional similar a los mecanismos de respuesta rápida contemplados en acuerdos comerciales, debido a que algunos de los dueños de los grupos aeroportuarios son extranjeros.
 En ese caso, de acuerdo con el experto de Santamarina Steta, podrían presentarse dos escenarios: un conflicto entre Estados, o bien a través de los inversionistas extranjeros mediante un arbitraje de inversión.
"En los accionistas del concesionario sí tendrían bases para iniciar una controversia al amparo del T-MEC o de los tratados que aplican dependiendo de la nacionalidad del accionista, alegando que se trató en forma discriminada a los concesionarios privados", explicó.
 No obstante, este escenario parece poco probable porque para ello los cambios deben concretarse primero, y demostrarse el daño para los inversionistas.
 Algunos reportes periodísticos señalan además que las autoridades mexicanas y los grupos aeroportuarios sostendrán una reunión el próximo 9 de octubre para abordar las modificaciones.

Así lo dice La Mont

Angel Iturralde

Ecatepec, Estado de México, 9 de octubre de 2023.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 5 años, 7 meses y 15 días de prisión para Sergio Morales Buendía, tras quedar acreditada su intervención en el delito de maltrato animal, ya que en mayo pasado arrojó a un canino dentro de un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac.
Con las pruebas recabadas, aportadas y expuestas, la Autoridad Judicial dictó esta sentencia contra el acusado, además le fijó una  multa de 38 mil 902 pesos y la cantidad de 28 mil 217 pesos como reparación del daño moral, a favor del fondo de Protección a los Animales del Estado de México.
Los hechos por los cuales fue sentenciado este individuo ocurrieron el 28 de mayo pasado, cuando ingresó a una carnicería ubicada en el poblado de San Pablo Tecalco del municipio de Tecámac, donde agredió verbalmente al locatario, lo amagó con un instrumento punzocortante y al momento de salir del establecimiento sujetó a uno de los caninos que se encontraban en ese lugar y lo arrojó dentro de un cazo con aceite hirviendo, lo que le ocasionó la muerte.
Derivado de estos hechos que fueron del conocimiento público ya que fueron captados por una cámara de video y difundidos mediante medios de comunicación y redes sociales, la Fiscalía estatal inició una indagatoria por el delito de maltrato animal y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión contra este individuo.
El 30 de mayo de este año, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO) y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Sergio Morales Buendía, en un domicilio ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.
Este sujeto fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de la Autoridad Judicial, quien, tras proceso legal, le dictó esta sentencia.
El Estado de México cuenta con leyes para la debida protección de la vida y trato digno hacia los animales, como lo establecen los artículos 235 Ter y 235 Quater del Código Penal vigente en la entidad mexiquense, disposiciones que contemplan  penalidades de 3 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días multa, a quien cause la muerte por cualquier medio y prolongue la agonía de un animal.
INICIA CAPACITACIÓN A MÁS DE 800 OPERADORES JUDICIALES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CNPCyF
Al pronunciar un mensaje, el presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que se trata de una capacitación con enfoque internacional en el conocimiento y desarrollo de los sistemas de justicia oral.
El curso Reforma a la Justicia Familiar y a la Justicia Civil en las Américas es impartido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, de la Organización de Estados Americanos.
Ochocientos veinte magistradas, magistrados, jueces, juezas, secretarias y secretarios de acuerdos, así como proyectistas, iniciaron una etapa de capacitación encaminada a implementar el Código Nacional de Proc…
Ponga atención a estos comunidad los mando y no los publica y tampoco Montserrat lecd seguí.iento a las notas como lo dije
Sr si se publiucan acabamos de recibir otro que se publicó hace tres horas
Los de Comunicación social liberan a cualquier hora boletines y ni avisan
A ver si en la semana puedo platicar con usted personalmente.y me regala unos minutos.

Inicia capacitación a más de 800 operadores judiciales para la implementación del CNPCyF
*Al pronunciar un mensaje, el presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, aseguró que se trata de una capacitación con enfoque internacional en el conocimiento y desarrollo de los sistemas de justicia oral.
*El curso Reforma a la Justicia Familiar y a la Justicia Civil en las Américas es impartido por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, de la Organización de Estados Americanos.

Redacción

Ochocientos veinte magistradas, magistrados, jueces, juezas, secretarias y secretarios de acuerdos, así como proyectistas, iniciaron una etapa de capacitación encaminada a implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) con enfoque internacional en el conocimiento y desarrollo de los sistemas de justicia oral, informó el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Al inaugurar los programas de capacitación Reforma a la Justicia de Familia y a la Justicia Civil en las Américas, impartidos por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA), Guerra Álvarez afirmó que los servidores públicos participantes tendrán la oportunidad de conocer los estándares internacionales y mejores prácticas procesales a partir de los sistemas jurídicos en otros países.
Con ello, abundó, se nutrirá la experiencia para la aplicación de los principios del juicio oral en cada una de las audiencias y en los casos que serán sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales en cuanto comience a aplicarse el CNPCyF.
Guerra Álvarez se congratuló de que el PJCDMX sea el primer órgano de justicia local que accede a una capacitación de este tipo, lo que lo convierte en referente para las otras entidades, las cuales, a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), accederán de manera posterior a este modelo de formación.
En su oportunidad, la directora Ejecutiva del CEJA, Nataly Ponce Chauca, dijo que la forma de expresar compromiso con la impartición de justicia es el interés por capacitarse, por eso los cursos dotarán de bibliografía y videoclases que robustezcan el conocimiento jurídico y de gestión. Manifestó que este esfuerzo es mutuo e invitó a las y los participantes a capitalizar el conocimiento para ser referente no sólo en el país, sino en la región, procurando el debido proceso, la celeridad y eficiencia.
La presidenta del Consejo Directivo del CEJA, María Victoria Rivas, señaló que esta capacitación abre un diálogo regional, para analizar críticamente los procesos de reformas y con la entrega de información comparada de América Latina como una forma de incentivar a la reflexión e incorporar nuevas líneas de acción en las que se intercambie y analice datos para avanzar en este nuevo modelo de impartición de justicia que compense la deuda de acceso a la justicia que se tiene con la ciudadanía.
En tanto, la directora General del Instituto de Estudios Judiciales del PJCDMX, Paulina Cal y Mayor, precisó que, junto con la Comisión para la Implementación de la Oralidad Civil, Mercantil y de Extinción de Dominio, y del grupo de trabajo en torno a la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se ha desarrollado un plan de formación para los operadores judiciales; en este caso, se buscó un programa virtual que brindará un panorama más amplio de los procesos modificatorios de las legislaciones en Latinoamérica.
Precisó que el taller dedicado a la materia civil se compone de siete módulos, y el especializado en materia familiar está integrado por cinco fases, con lo que se provee a los alumnos de herramientas que fortalezcan el ejercicio diario de la impartición de justicia.
En representación de la Comisión y el Grupo de Apoyo para la implementación del CNPCyF, el magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo expuso que los participantes empezarán un entrenamiento intensivo en torno a simulación de audiencias, el cual les permita la estandarización para la aplicación del citado código, fortalecido desde la teoría y la práctica de políticas públicas internacionales.
En la ceremonia inaugural estuvieron los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México Esperanza Hernández Valero y Andrés Linares Carranza; los magistrados Lucía Elizondo Téllez, Érika Zepeda García, Yaopol Pérez Amaya Jiménez, Élfego Bautista Pardo y Paul Martín Barba, así como los jueces Angélica Vázquez González, Cristina Espinosa Roselló, Teófilo Abdo Kuri y Francisco Neri Rosales.  

Así lo aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, magistrado Rafael Guerra Álvarez, al inicio del Diálogo Interamericano sobre la Independencia Judicial

Lino Calderón  

La división de poderes se mantiene como fundamento de las naciones democráticas y de derecho, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien subrayó que el trabajo hombro con hombro con el Ejecutivo y el Legislativo coadyuva a la justicia, la paz y el desarrollo de cada región y país.
Al pronunciar un discurso en el marco del Diálogo Interamericano sobre la Independencia Judicial, advirtió que es entre los poderes judiciales, las barras y colegio de abogados y en la sociedad donde corresponde difundir, defender y enaltecer la independencia de los jueces como única herramienta para la justicia.
Con la presencia de la presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam), jueza Adriana Orocú, y de la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Sattenwaite, Guerra Álvarez insistió en que la división en la actividad ejecutiva, legislativa y judicial sienta las bases del orden social, del desarrollo, de las libertades y del respeto a los derechos humanos, principalmente de mujeres, grupos minoritarios y niñas niños y adolescentes.
Recordó que la impartición de justicia es en general un valor de la sociedad que en lo particular queda en manos de los juzgadores, la cual constituye el mayor tesoro con el que cuenta la sociedad para mantener el orden, la paz y la felicidad.
El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México abundó en que la tarea de juzgar es tan relevante que, sin ella, no habría control social, equilibrio de poderes ni gobernabilidad.
Ante jueces, expertos en la materia, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y colegios de abogados provenientes de Guatemala, El Salvador, Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos y Panamá, dijo confiar en que el resultado del diálogo consolide redes de colaboración entre los impartidores de justicia y la sociedad civil de la región.
La presidenta de la Flam, la jueza Orocú, quien entregó al magistrado Guerra Álvarez un reconocimiento por su labor a favor del fortalecimiento de la judicatura latinoamericana, alertó que en la región la justicia "está siendo lamentablemente avasallada", por lo que hay que luchar todos los días en contra de cualquier poder político, económico o fáctico que busca "torcer la justicia para que no ejecutemos nuestra labor en condiciones independientes".
Por su parte, la relatora en la materia de Naciones Unidas, Margaret Sattenwaite, habló de las formas cómo en el mundo se trata de menoscabar la independencia judicial, y dijo que ante esas amenazas se debe responder porque proteger la labor de los jueces es defender la democracia y los derechos humanos.
A su vez, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador Joel Hernández García, enfatizó que uno de los pilares de toda democracia es la separación de poderes, la cual se materializa a través de la independencia judicial.
En tanto, el director para Latinoamérica del Vance Center de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York, Jaime Chávez Alor, dijo que en esa instancia ven con preocupación el incesante amago a la división de poderes, y planteó que sin independencia judicial no hay garantía de derechos ni certeza jurídica que permita el desarrollo, mucho menos estado de derecho.
A nombre de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, su presidente, Víctor Olea, subrayó que esa organización, a nivel internacional, ha emitido firmes posicionamientos en pro de la independencia judicial, lo que ha sido difundido y valorado en todo el país e incluso a nivel internacional, lo que ha permitido obtener el respaldo de organizaciones como la International Bar Association y la American Bar Association.
Durante dos días, a instancia de la Flam, del Vance Center de la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York y de la Conatrib, se dialogará sobre aspectos relativos a ataques a la independencia judicial, mecanismos internacionales para proteger la independencia judicial, estrategias de comunicación y legitimidad de la judicatura frente a la sociedad, entre otros.

* En el marco de este convenio de coordinación, se implementarán diversas acciones para difundir los beneficios de la competencia económica y libre concurrencia en el estado/  Al conocer los beneficios de la competencia económica, la sociedad, el sector empresarial y el gobierno podrán impulsarlos en beneficio de la población quintanarroense.
Lino Calderón 

En el marco de la estrategia Competencia en tu estado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) y el Gobierno de Quintana Roo firmaron un convenio de coordinación a través del cual se implementarán diversas acciones para promover y fortalecer la competencia económica y la libre concurrencia, en beneficio de la economía del estado, de sus más de 65 mil empresas, así como de sus casi dos millones de habitantes.
Durante la firma del convenio, la comisionada presidenta, Andrea Marván, señaló que la Comisión está trabajando para que los beneficios de la política de competencia económica tengan un mayor impacto para toda la población, por ello se promueve el diálogo con las autoridades estatales para encontrar puntos de contacto entre la agenda pública estatal y la política de competencia.
Por su parte, la gobernadora del estado, Mara Lezama, indicó que la colaboración con la Cofece será fundamental para acortar las brechas y desigualdades que existen en Quintana Roo, así como para garantizar que todos los agentes económicos tengan oportunidades de acceso al libre mercado. Asimismo, señaló que este convenio permitirá que la competencia en el estado sea más justa y eficaz para fortalecer su economía y hacer llegar los beneficios a las familias quintanarroenses.
Con este convenio de coordinación, la Cofece y el Gobierno de Quintana Roo llevarán a cabo diversas acciones, como cursos de capacitación, conferencias, talleres y asesorías, con el objetivo de potenciar los beneficios de la competencia económica para las y los quintanarroenses con mejores precios y una mayor variedad de bienes y servicios. Asimismo, la Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, contribuirá al análisis de actos y proyectos normativos del estado de Quintana Roo para impulsar los principios de la libre concurrencia y competencia económica en la política pública y regulación de la entidad. Además, esta colaboración fortalecerá la detección oportuna de conductas anticompetitivas.
Para la Cofece la colaboración con gobiernos, instituciones y organismos locales y nacionales es una de sus prioridades, ya que a través de esta se contribuye a que los beneficios de la competencia económica lleguen de manera más efectiva a toda la población del país, en especial a los sectores más vulnerables.