Rogelio Santoyo Guevara, ex funcionario estatal presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, en contra de Joel Froylan Salas Navarro, Subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Secretaría de Economía en la entidad, por presunto abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias y revelación de secretos.

Según el denunciante, el Subsecretario Salas Navarro presionó a direcciones y clústeres de la Secretaría de Economía para alimentar con recursos públicos la plataforma privada "Guanajuato Compra Guanajuato", a pesar de que la dependencia ya contaba con un sistema propio para enlazar compradores y proveedores.

Así mismo, Santoyo Guevara declaró:."El denunciado presuntamente ordenó el uso de una plataforma privada con recursos públicos, vulnerando las funciones y atribuciones institucionales, porque ya existía una plataforma para ese fin".

El exservidor público, aseguró que la plataforma recibió 12 millones de pesos mediante un convenio con la Confederación de Cámaras Industriales, cuyo dinero habría sido justificado como parte de un programa oficial pero que, en la práctica, sería usado para monetizar la base de datos empresarial.

Igualmente, denunció: "Primero suben la información de los principales proveedores con dinero público; luego buscan cobrar una suscripción o comisión por operar dentro de la plataforma".

El denuciante detalló que las reuniones para operar el proyecto se realizaban fuera de la Secretaría, en oficinas de la Cámara Nacional de la Vivienda, donde se instruyó a los clústeres, cuero-calzado, artesanías, manufactura, minería y construcción, a entregar listados de empresas.

"Yo le reclamé a Froylán que estaba pidiendo datos privados bajo resguardo de la dependencia para entregarlos a una plataforma privada. Me negué a cometer ese delito", afirmó.

Añadió que, vía solicitudes de transparencia, la Secretaría primero negó la existencia de convenios; después envió archivos incompletos, sin los estados de origen y aplicación de recursos ni facturas que respalden los pagos.

"Me citaron para revisar 'cajas con 5 mil hojas', pero la información medular, quién cobró y cómo gastó el dinero, sigue oculta", dijo.

En su denuncia, Santoyo incluyó indicios de posibles irregularidades en la construcción y equipamiento del edificio de Concamin en León, financiado también con recursos estatales:

Financiamiento tripartito: dinero para el terreno, para la obra y para el equipamiento.
Constructoras vinculadas con Ismael Plascencia (entonces presidente regional de Concamin) habrían sido contratadas.
El convenio exige alojar al menos ocho organismos empresariales, pero el inmueble se mantiene vacío y "en renta".

"Si esos organismos no están instalados, Concamin debería devolver los recursos porque no cumple el objetivo para el que se le otorgaron", aseveró.

La denuncia se sustenta, entre otros, en los artículos 253 y 254 del Código Penal local (abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público), así como en cargos por tráfico de influencias y revelación de secretos al haber compartido bases de datos empresariales sin autorización.

Rogelio Santoyo subrayó que cualquier ciudadano con conocimiento de un presunto ilícito puede denunciar.

"Cualquiera de nosotros tiene el deber de poner la denuncia; yo lo hago con las pruebas de que ya contábamos con una plataforma y aun así pagaron otra, privada, y le inyectaron información resguardada".

Por su parte, la Fiscalia de Guanajuato dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer los hechos denunciados.