Lino Calderón

La violencia feminicida no solo arrebata la vida de las mujeres, también deja profundas huellas y deshace comunidades y familias. En este contexto, los niños, niñas y adolescentes se convierten en víctimas indirectas de un delito que genera graves afectaciones en su desarrollo emocional, social y económico. Frente a esta realidad, el Estado mexicano debe actuar.
Así lo señaló la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, “Me parece que la coordinación y participación de todos los que estamos hoy aquí refleja el compromiso del Estado mexicano con una de sus responsabilidades más sensibles y urgentes que tenemos como instituciones públicas: proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han quedado en situación de orfandad como consecuencia de la violencia extrema, cometida en agravio de sus madres”, expresó.
Asimismo, mencionó que tanto las fiscalías como, particularmente, los agentes del Ministerio Público tienen la responsabilidad no solamente de investigar y perseguir el delito de feminicidio, sino también de identificar, reconocer y garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como la identificación y reconocimiento a su calidad de víctimas indirectas.
Para ello, agregó, desde el inicio de la investigación los Ministerios Públicos deben reconocer formalmente su calidad de víctimas, garantizar su acceso a los mecanismos de atención y protección, y asegurar que reciban medidas de asistencia, acompañamiento psicológico, atención médica, apoyo social que permitan avanzar hacia la reparación integral del daño.
“La procuración de justicia en estos casos no puede limitarse únicamente a la investigación penal; debe incorporar un enfoque de derechos que coloque en el centro a las infancias afectadas”, aseveró.