Pedro Moreno 

Leonel Díaz Rogel, Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos,  fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por su presunta participación en una red que cobraba “moches” de hasta 25% a víctimas de delitos que recibían recursos por reparación del daño.

De acuerdo con la denuncia presentada por Eva Penélope Picazo Hernández,  Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos,  los hechos también involucran a su hijo, Leonel Díaz Grajales, quien habría participado en la obtención de beneficios económicos a partir de expedientes de víctimas.

En la denuncia formal interpuesta por la funcionaria se detallan posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a personas afectadas por delitos.

Según la querella, padre e hijo habrían actuado desde posiciones estratégicas dentro del aparato institucional:

Leonel Díaz Rogel, desde la Fiscalía Anticorrupción y su hijo Leonel Díaz Grajales, desde la Comisión de Atención a Víctimas.

Así mismo, la demanda indica que ambas personas se habrían coludido para intervenir en expedientes específicos, facilitando que ciertas víctimas accedieran a recursos federales, pero bajo la condición de pagar honorarios elevados.

Tras su paso por la Comisión en 2024, Leonel Díaz Grajales tuvo acceso a:
Expedientes de víctimas, Bases de datos sensibles y Procesos de reparación integral.

Posteriormente, y fuera de la institución, habría utilizado esa información para representar legalmente a personas previamente registradas, orientando sus casos hacia la obtención de recursos del fondo federal.

Igualmente, la denuncia refiere que, mediante contratos privados, el hijo del Fiscal pactaba honorarios de hasta 25% del monto recibido por las víctimas como reparación del daño.

Este esquema es señalado como un posible abuso, ya que los recursos provenían de fondos públicos destinados a garantizar justicia y apoyo a personas afectadas por algunos delitos.

Uno de los puntos clave es que, durante el mismo periodo, la Fiscalía Anticorrupción, encabezada desde mayo de 2025 por Díaz Rogel, solicitó información confidencial sobre expedientes vinculados a personas representadas por su propio hijo.

Según la denunciante, lo anterior pudo generar: Presión institucional sobre la Comisión de Víctimas. Intervención indebida en procesos administrativos.
Ventaja en el acceso a recursos públicos.

Por lo que la Comisionada Picazo Hernández señaló que estas conductas podrían constituir varios delitos, entre ellos:

Peculado, Tráfico de influencias, Ejercicio abusivo de funciones, así como Intimidación y extorsión institucional.

Además, se advierte que los recursos involucrados provienen de: El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, del
Fondo de Reparación Integral, ambos de carácter federal, lo que justifica la intervención de la Fiscalía General de la República.

De la misma manera la denuncia advierte posibles afectaciones directas a las víctimas, tales como:

Alteración en el orden de atención, Trato desigual en la asignación de recursos,
Favorecimiento de expedientes específicos, lo que habría ocurrido mediante el uso de información privilegiada y la intervención de funcionarios con poder de decisión.

Independientemente de lo antes expuesto 
la  funcionaria solicitó formalmente: La apertura de una carpeta de investigación. La realización de diligencias para esclarecer los hechos. La determinación de responsabilidades penales. Medidas de protección ante posibles riesgos derivados de la denuncia.