Cdmx, abril 02 de 2026.
Pedro Moreno
* Esta decisión del Comité es porque dice que la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas puede constituir un "crimen de lesa humanidad".
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU por sus siglas en inglés).decidió llevar la situación de México "con carácter urgente" ante la Asamblea General, al activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, un mecanismo reservado para casos de especial gravedad.
Cabe mencionar que el artículo 34 de la Convención establece: "Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas".
Asi mismo, el organismo advierte que, bajo el derecho internacional, la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas puede constituir un "crimen de lesa humanidad".
Igualmente, el Comité detalló que solicitó al Secretario General de la ONU remitir a la Asamblea General no solo esta decisión, sino también los informes, observaciones y la información presentada por organizaciones de la sociedad civil para su consideración.
De la misma manera, plantea que la Asamblea General valore acciones concretas, entre ellas brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en tareas de búsqueda, análisis forense e investigación de desapariciones, así como en el esclarecimiento de posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
También, el Comité propone la creación de un mecanismo eficaz para garantizar la verdad, la protección y la asistencia a las familias de personas desaparecidas, además de respaldar a organizaciones y defensores que las acompañan .
El Consejo reafirma su disposición de mantener la cooperación con el Estado Mexicano y subraya que la activación del artículo 34 no debe interpretarse como una sanción, sino como una herramienta para fortalecer el diálogo y la colaboración internacional frente a la crisis.
En el documento se menciona más de una década de observaciones, en las que el Comité advierte de un problema estructural que no ha logrado contenerse, señalado que:
"En cada etapa de su interacción con el Estado Parte, el Comité le ha transmitido preocupaciones y recomendaciones, instándole a adoptar medidas concretas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas; a buscar y localizar a las personas desaparecidas, y a promover los derechos de las víctimas".
Además, como muestra de la gravedad de la situación, el Comité mencionó el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, en su mayoría no identificados.
También, el organismo indicó que muchas de estas desapariciones se producen en el contexto de la "guerra contra las drogas" a nivel nacional, aunque sin indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas, con sospechas de que muchas son perpetradas por grupos delictivos.
Sin embargo, advirtieron los expertos, en algunos casos denunciados las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia.
La solicitud del grupo de expertos se ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita el caso urgentemente a la Asamblea General.
Las medidas que podría adoptar la Asamblea General, según el Comité, podrían incluir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva tanto de las desapariciones como de los vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado.
Asi mismo, el organismo advierte que, bajo el derecho internacional, la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas puede constituir un "crimen de lesa humanidad".
Igualmente, el Comité detalló que solicitó al Secretario General de la ONU remitir a la Asamblea General no solo esta decisión, sino también los informes, observaciones y la información presentada por organizaciones de la sociedad civil para su consideración.
De la misma manera, plantea que la Asamblea General valore acciones concretas, entre ellas brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en tareas de búsqueda, análisis forense e investigación de desapariciones, así como en el esclarecimiento de posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
También, el Comité propone la creación de un mecanismo eficaz para garantizar la verdad, la protección y la asistencia a las familias de personas desaparecidas, además de respaldar a organizaciones y defensores que las acompañan .
El Consejo reafirma su disposición de mantener la cooperación con el Estado Mexicano y subraya que la activación del artículo 34 no debe interpretarse como una sanción, sino como una herramienta para fortalecer el diálogo y la colaboración internacional frente a la crisis.
En el documento se menciona más de una década de observaciones, en las que el Comité advierte de un problema estructural que no ha logrado contenerse, señalado que:
"En cada etapa de su interacción con el Estado Parte, el Comité le ha transmitido preocupaciones y recomendaciones, instándole a adoptar medidas concretas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas; a buscar y localizar a las personas desaparecidas, y a promover los derechos de las víctimas".
Además, como muestra de la gravedad de la situación, el Comité mencionó el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, en su mayoría no identificados.
También, el organismo indicó que muchas de estas desapariciones se producen en el contexto de la "guerra contra las drogas" a nivel nacional, aunque sin indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas, con sospechas de que muchas son perpetradas por grupos delictivos.
Sin embargo, advirtieron los expertos, en algunos casos denunciados las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia.
La solicitud del grupo de expertos se ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita el caso urgentemente a la Asamblea General.
Las medidas que podría adoptar la Asamblea General, según el Comité, podrían incluir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva tanto de las desapariciones como de los vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado.
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