Cdmx, abril 01 de 2026.
Pedro Moreno
* Entre los 102 investigados, 25 de ellos son de nacionalidad mexicana y 77 son extranjeros.
El operativo se centró en irrumpir la estructura operativa, logística y financiera de los grupos criminales dedicados a la extorsión, que afectaban tanto a víctimas particulares como a empresas en diversas regiones del Estado de México.
Así mismo, las autoridades informaron que estas acciones buscan debilitar las redes criminales que operan bajo esquemas de presión económica y amenaza, comunes en llamadas de cobro ilícito y préstamos informales bajo coacción.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad del Edomex señaló: "La operación permitió neutralizar la actividad de los call centers y recuperar el control sobre las zonas afectadas, además de enviar un mensaje claro contra los grupos que lucran con la extorsión".
Al respecto, la Secretaría de Seguridad del Edomex señaló: "La operación permitió neutralizar la actividad de los call centers y recuperar el control sobre las zonas afectadas, además de enviar un mensaje claro contra los grupos que lucran con la extorsión".
Entre los 192 inmuebles asegurados, destacan 67 call centers, donde se realizaban llamadas para extorsionar a ciudadanos y negocios bajo el esquema de "Gota a Gota" en el Edomex, que consiste en exigir pagos periódicos mediante amenazas o intimidación.
En los call centers ahora intervenidos, se desarrollaban de manera total o parcial actividades ilícitas relacionadas con extorsiones, requerimientos de pago de forma violenta, ofrecimiento fraudulento de productos, suplantación de instituciones financieras mediante llamadas telefónicas y uso de páginas web clonadas.
Los inmuebles fueron intervenidos con protocolos de seguridad para preservar evidencia documental y tecnológica, a fin de avanzar en las investigaciones.
En la Operación participó el Gobierno de México a través de las secretarías de Defensa Nacional (Defensa), Marina-Armada de México (Semar), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración (INM), y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al igual que la Secretaría de Seguridad (SSEM) del gobierno del estado de México y la fiscalía del estado de México. Y la detención de los involucrados, garantizando que los procedimientos se realizaran con apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Respecto de los detenidos, se informó: "en cumplimiento de órdenes de aprehensión y por delito flagrante 102 investigados, 25 de ellos de nacionalidad mexicana y 77 extranjeros".
Igualmente, se le dio intervención al Instituto Nacional de Migración por lo de los extranjeros detenidos.
Tambien se dio a conocer que, entre el 8 de julio de 2025 –fecha del arranque de la Estrategia Nacional– y hasta el 30 de marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado de México recibió mil 84 denuncias por el delito de extorsión. De ese total, 62 por ciento cometidos de manera no presencial, es decir, bajo la modalidad conocida como "extorsión indirecta".
Con esta acción, las autoridades afectaron directamente los recursos financieros de dichas organizaciones criminales, limitando la capacidad de operación de los call centers dedicados a la extorsión en Edomex.
Trascendió que las investigaciones continúan para identificar a otros integrantes de estés redes criminales y posibles vínculos con delitos de mayor gravedad.
Cabe mencionar que las 102 personas vinculadas a las extorsiones fueron detenidas tras varios meses de trabajos de inteligencia y campo, lo que evidencia un seguimiento sostenido de las autoridades para desmantelar estas estructuras criminales.
Igualmente y como resultado de la Operación "Desconexión", se aseguraron 67 servidores informáticos, 2 mil 844 equipos de cómputo, 265 laptops, 353 discos duros, 277 CPUs, 404 teléfonos celulares, más de 3 mil chips de diversas compañías, 80 tokens de banca en línea, 11 terminales de cobro para tarjetas bancarias, cinco armas de fuego, dosis de narcóticos, básculas grameras y numerario.
Todos los detenidos, los inmuebles y los equipos de cómputo asegurados han sido puestos a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar la situación jurídica de los inculpados.
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