Alberto Moreno

Ciudad de México-. La SEGOB (Secretaría de Gobernación) ha sido acusada de vulnerar los derechos de la defensora y analista María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). A pesar de las acusaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha negado cualquier violación de derechos.

Pero, cuál es el motivo de la Investigación, pues La Segob presentó información privada y no autorizada de María Amparo Casar, su difunto esposo Carlos Fernando Márquez y sus hijos. Esta acción se relaciona con una investigación interna en Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigida por Octavio Romero Oropeza, que señala posibles irregularidades en fondos de pensión otorgados a la familia Casar.

El Escrutinio.

La investigación surge tras la publicación del libro de Casar, "Los puntos sobre las íes: el legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó", donde critica duramente al gobierno de AMLO.

Defensa de la Acusada.

María Amparo Casar se defiende de las acusaciones, mientras que Romero Oropeza justifica la divulgación de información personal basándose en resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que establece que no se puede reservar información relacionada con actos de corrupción.

Desarrollo del Caso.

Se detalla que en 2004, tras la muerte de Carlos Fernando Márquez, se facilitó el pago de pensiones y seguro de vida a Casar por parte de exfuncionarios de Pemex. Romero Oropeza menciona que desde 2004 hasta febrero de 2024, se realizaron pagos indebidos por un total de 31 millones de pesos en pensiones y 17.6 millones de pesos en seguro de vida.

Declaraciones de AMLO

En su conferencia matutina, AMLO abordó el cambio en la causa de muerte de Carlos Fernando Márquez, de suicidio a accidente, para cobrar seguros y pensiones. Criticó el enfoque en la privacidad sobre la corrupción y enfatizó que el caso es un asunto público que debe ser conocido para prevenir futuras manipulaciones y engaños.

El caso continúa en desarrollo, con la atención pública centrada en las implicaciones de corrupción y privacidad en el ámbito político de México.