La pesadilla de EE.UU.: los misiles de búsqueda por infrarrojos iraníes

*Estos aparatos de bajo costo son fáciles de usar y altamente peligrosos para los aviones estadounidenses.
ALMC

Los misiles de búsqueda por infrarrojos, también conocidos como buscadores de calor, del Ejército iraní se están convirtiendo en una pesadilla para Estados Unidos, recoge The National Interest.
Estos aparatos de bajo costo son fáciles de usar y altamente peligrosos para los aviones estadounidenses que vuelan a poca altura sobre territorio iraní. De hecho, EE.UU. perdió docenas de aeronaves y drones no tripulados durante la operación Furia Épica.
Como señala el experto en seguridad nacional y tecnología Harrison Kass, estos misiles emplean más de un tipo de guiado, lo que reduce su dependencia de una sola tecnología y dificulta que un avión moderno los evada.
"Son especialmente interesantes porque sistemas como este se han utilizado con mucha eficacia y han proporcionado una ventaja asimétrica", afirma.
Por ejemplo, Kass asegura que Teherán aplica ingeniería inversa a los miles de sistemas soviéticos y rusos con los que cuenta, lo que hace que su producción nacional sea independiente de chips informáticos avanzados.
Estos misiles funcionan con tecnología de imágenes infrarrojas, que detecta el contraste térmico entre el motor del aparato enemigo y el aire circundante, relativamente frío. El buscador del misil se fija en la fuente infrarroja más potente, la cual suele ser el motor, y luego la rastrera, ajustando continuamente su trayectoria.
Asimismo, al no emitir radiación de radar, es difícil que un piloto los detecte a tiempo, mientras que, con su espoleta de proximidad, estos pueden causar daños significativos sin siquiera acercarse lo suficiente al enemigo.
Además, con estos sistemas se pueden emplear tácticas de emboscada con una gran eficacia, atacando desde posiciones ocultas y de manera simultánea que pueden llegar a saturar las defensas del enemigo.  

Ruta Financiera/ Lino Calderón/ Vertiv y MAXID establecen acuerdo de distribución

Ruta Financiera 

Lino Calderón 

Vertiv y MAXID establecen acuerdo de distribución para soluciones de energía y enfriamiento modulares y escalables
-La colaboración amplía el alcance local y regional de tecnologías confiables y de alta calidad para respaldar el crecimiento de la industria

Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de infraestructura digital crítica, anunció hoy una alianza de distribución con MAXID, un proveedor especializado en equipos para aplicaciones de misión crítica, con el objetivo de fortalecer su red de distribución en Brasil y en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia). MAXID consolidará inventario en Brasil, y próximamente en Uruguay, lo que contribuirá a optimizar los tiempos de tránsito hacia los países del sur de América Latina y facilitará el acceso para que los distribuidores puedan adquirir y comercializar los productos y soluciones de Vertiv™ en la región.
El portafolio de Vertiv™ en gestión de energía, enfriamiento y soluciones integradas estará disponible para apoyar a los clientes con soluciones modulares y escalables, diseñadas para responder a los requerimientos de alta densidad y procesamiento de los centros de datos modernos en distintas industrias, desde entornos impulsados por inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC), hasta aplicaciones tradicionales de TI, edge y empresariales.
“Esta colaboración refleja las sólidas proyecciones de crecimiento de Brasil y la región sur del continente como mercado de centros de datos, y representa un paso estratégico en el enfoque de negocio de Vertiv. Al combinar nuestra tecnología con la experiencia de un proveedor regional como MAXID, ampliamos el alcance de nuestra red de distribución para productos y soluciones de alta capacidad en Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. MAXID se suma a nuestro ecosistema de hiperdistribución junto a Data Tech en NOLA y Vital Tech en LATAM”, afirmó Martha Isabel Álvarez, gerente de distribución de Vertiv Latinoamérica.
MAXID consolidará inventario en Brasil, y próximamente en Uruguay, lo que contribuirá a optimizar los tiempos de tránsito hacia los países del sur de América Latina y facilitará el acceso para que los distribuidores puedan adquirir y comercializar los productos y soluciones de Vertiv en la región.
“En MAXID estamos muy entusiasmados, ya que esta colaboración fortalece nuestra propuesta de valor al ofrecer soluciones para aplicaciones de misión crítica, centros de datos y otras aplicaciones, con calidad, seguridad y alto desempeño. Esto contribuye a reducir riesgos y mejorar la confiabilidad del negocio para nuestros socios y clientes, operando completamente con productos y soluciones de Vertiv”, señaló Alexandre Sayar de MAXID.
MAXID cuenta con más de 30 años de experiencia en soluciones de almacenamiento y respaldo de energía, respaldada por su presencia en toda Sudamérica. En el marco de este acuerdo, MAXID operará como distribuidor maestro, enfocado en la gestión logística y la disponibilidad de inventario, además de aportar capacidades técnicas como dimensionamiento de sistemas, soporte a proyectos y asistencia de ingeniería, alineadas con los requerimientos de agilidad y escalabilidad de la infraestructura digital crítica en la región.
Descubra más sobre las soluciones de Vertiv en: www.vertiv.com y sobre Maxid puede escribir al correo sayar@maxid.com.uy.

Palacio/ Mario Díaz/ Le falta el operativo enjambre

PALACIO
Por Mario Díaz
Le falta más al Operativo Enjambre
-La estrategia del Gabinete de Seguridad se perfila como un “programa de relumbrón”
-Senadora propone acciones contundentes en 36 municipios de alto índice delictivo
-Violencia y manifestaciones sociales podrían impactar el Torneo Mundial de Futbol
H. Matamoros, Tamaulipas.-Todo hace indicar que el Operativo Enjambre en el que participan distintas instancias del Gabinete de Seguridad habrá de pasar a la historia como un programa federal que no cumplió con la expectativa en cuanto a resultados.
Si bien es cierto que en noviembre de 2024 se llevó a cabo la primera acción conjunta en contra de funcionarios del estado de México, también es cierto que la cruzada contra la delincuencia y malos servidores públicos se presentó como una forma contundente de restablecer el orden y la paz social en loa gobiernos municipales.
Como es del dominio público, en el Operativo Enjambre participan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.
El objetivo está orientado a desarticular redes criminales incrustadas en gobiernos locales, priorizando municipios con alta actividad económica estratégica, donde malos servidores públicos presuntamente utilizan el poder público para extorsionar a empresarios o favorecer a grupos delictivos.
Teóricamente, el Operativo Enjambre que coordina fuerzas de seguridad federales y estatales está diseñado para incidir directamente en la protección de los derechos fundamentales de la población, al garantizar que las instituciones participantes actúen bajo principios de legalidad, imparcialidad y respecto a los derechos humanos.
La primera acción conjunta se llevó a cabo simultáneamente en distintos municipios del estado de México y el resultado arrojó la detención de varios funcionarios públicos que utilizaban sus cargos para favorecer a la delincuencia organizada.
MARÍA ELENA MARTÍNEZ ROBLES, ex presidenta municipal de Amanalco, acusado por el delito de homicidio en agravio de integrantes de su administración; ADRIÁN MAURICIO SÁNCHEZ MITRE, excomisario de Seguridad Pública del municipio de Nicolás Romero por los delitos de homicidio, robo extorsión y secuestro exprés; EULISES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  ex comisario de Seguridad Pública por el delito de desaparición forzada; y JUAN CRUZ SOLANO, excomisario de Seguridad Pública en el municipio de Coatepec Harinas, acusado del delito de extorsión.
Asimismo, durante la primera redada del Operativo Enjambre fueron puestos tras las rejas de la prisión por distintos delitos LUIS ÁNGEL NICOLÁS SANTOS, ex director de Seguridad Pública en el municipio de Tlatlaya; AGUSTÍN BRINGAS ÁLVAREZ, ex agente policial en el municipio de Santo Tomás; y ELLERY FIGUEROA MACEDO, ex empleado del Sistema DIF municipal.
Sin embargo, la percepción ciudadana estima que la acción conjunta de las fuerzas federales y estatales de seguridad pública deberían ampliar el radio de acción para inhibir a los grupos delictivos que operan con la complacencia o complicidad de malos funcionarios públicos.
Por tal motivo y en apoyo a lo antes descrito, la senadora JUANITA GUERRA MENA presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las instancias del Gabinete de Seguridad que amplíen el Operativo Enjambre en los 36 municipios prioritarios con altos índices delictivos.
La legisladora en la Cámara Alta del Congreso de la Unión sustenta su criterio en que durante los últimos años el país enfrenta retos significativos derivados de la presencia de la delincuencia organizada y, sobre todo, de su infiltración en las instituciones públicas, principalmente del orden de gobierno municipal.
Le asiste la razón a la senadora JUANITA GUERRA MENA al precisar que “la implementación del Operativo Enjambre no ha sido homogénea en todo el territorio nacional, lo que genera brechas en la capacidad del Estado para prevenir y sancionar actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado a nivel local”.
Por cierto, la intensa actividad delincuencial en el Valle de México y la cercanía del inicio de la Copa Mundial de Futbol, son factores relevantes que tienen que analizar detenidamente las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Federal.
La detonación de un artefacto explosivo en el interior de una unidad motriz que dejó como saldo dos personas fallecidas en el kilómetro 39 de la autopista México-Pachuca es un indicativo de la expansión de la violencia criminal en esa zona centro del país.
El hecho ocurrido el pasado 28 de marzo en el municipio de Tecámac, estaría asociado a la disputa interna del Cartel de Sinaloa en el estado de México. Ambas víctimas se trasladaban por la autopista luego de haber descendido de un vuelo que llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Ante el clima de violencia que enfrenta el país y el descontento de distintos grupos sociales que amagan con manifestaciones masivas, el gobierno de la Cuarta Transformación habrá de implementar acciones que garanticen la seguridad de los asistentes al torneo mundial futbolístico.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Cierto, cierto muy cierto. El Operativo Enjambre debiera expandirse a lo largo y ancho de la república mexicana para combatir el crimen y corrupción en la primera instancia de gobierno y, al mismo tiempo, el Gabinete de Seguridad Federal debería implementar una estrategia que resguarde la tranquilidad y seguridad durante la justa deportiva de junio próximo.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
 

Escándalo Internacional, Oro Ilegal del Clan del Golfo a la casa de Moneda de USA

ALMC

Una investigación del New York Times reveló que el gobierno estadounidense compra oro extraído ilegalmente por el cartel colombiano y lo vende bajo el sello "100% americano", desatando una crisis de credibilidad y una investigación oficial.
Bogotá, Colombia – Una investigación periodística ha desatado un escándalo de dimensiones internacionales al revelar que la Casa de la Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint) ha adquirido y convertido en monedas de inversión lingotes de oro provenientes de minas ilegales controladas por el Clan del Golfo, la mayor organización narcoparamilitar de Colombia. El caso expone una profunda contradicción en la política antidrogas estadounidense y ha llevado al gobierno de Donald Trump a anunciar una revisión urgente de sus mecanismos de suministro.
La denuncia, publicada el pasado 26 de abril por el periódico The New York Times y liderada por los reporteros Justin Scheck, Federico Ríos y Simón Posada, detalla cómo el metal precioso extraído en condiciones de extrema violencia y devastación ambiental en la mina "La Mandinga", en el municipio de Caucasia, Antioquia, termina siendo "blanqueado" a través de una compleja cadena de suministro hasta acuñarse como monedas oficiales estadounidenses.
La ruta del oro manchado de sangre
El reportaje documenta minuciosamente el recorrido del oro. La mina "La Mandinga" opera ilegalmente con cientos de mineros, incluso dentro de los terrenos del Batallón de Infantería No. 31 Rifles del Ejército colombiano. El Clan del Golfo, designado como organización terrorista por USA 🇺🇸., controla la extracción y cobra una cuota de 400 dólares mensuales a cada equipo de mineros.
Allí, los mineros utilizan mercurio en un proceso altamente tóxico que envenena a los trabajadores y contamina las fuentes de agua. Al final del día, venden el oro amalgamado a tiendas locales, donde comerciantes, también expuestos al veneno, lo funden en lingotes. Es en este punto donde ocurre la primera metamorfosis: el oro ilegal obtiene documentación como si fuera de pequeña minería artesanal, aunque no cumpla ninguna de las condiciones legales.
Posteriormente, los lingotes son exportados a Estados Unidos. Empresas como la refinería Dillon Gage en Texas reciben el oro colombiano y lo mezclan con metal de otros orígenes, incluidos casas de empeño mexicanas y peruanas, e incluso minas africanas con participación estatal china. Esta mezcla es la segunda metamorfosis: al combinarse con oro reciclado de joyería estadounidense, el material pierde su trazabilidad y, mediante un criterio legal flexible, pasa a ser considerado "oro estadounidense".
El paso final ocurre cuando grandes proveedores como Asahi USA, que admite refinar oro de múltiples países, lo venden a la Casa de la Moneda. La U.S. Mint, entonces, lo utiliza para acuñar sus famosas monedas de inversión American Gold Eagle, que se comercializan bajo la garantía de ser "100% oro estadounidense", lo cual es un requisito legal desde 1985.
Hipocresía oficial: la Casa de la Moneda mintió
La investigación expone una mentira institucional. Inicialmente, un portavoz de la U.S. Mint respondió al Times que todo su oro provenía de Estados Unidos. Cuando los periodistas presentaron las pruebas, la entidad corrigió su versión para afirmar que EE.UU. es la fuente "primaria" del metal.
Una auditoría del Inspector General del Departamento del Tesoro, iniciada durante el primer mandato de Trump y archivada por cinco años, ya había advertido en 2024 que la Casa de la Moneda "prácticamente" nunca preguntó a sus proveedores sobre el origen detallado del oro durante dos décadas. La investigación también señala que incluso las nuevas monedas conmemorativas con el rostro del presidente Trump podrían contener oro de estas mismas fuentes ilícitas.
Reacciones y consecuencias
La revelación ha generado una tormenta política y diplomática. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una investigación interna para salvaguardar "la seguridad nacional y la integridad del mercado". La Casa de la Moneda de Canadá (Royal Canadian Mint) también quedó salpicada por una investigación paralela que la vincula con oro de carteles colombianos.
Para el gobierno colombiano, el escándalo golpea en un momento delicado. El presidente Gustavo Petro ha calificado la situación como consecuencia de "malos oficiales en nómina de las mafias" y ha defendido su política de mediación internacional para que el Clan del Golfo abandone las economías ilícitas. Sin embargo, la evidencia de que la mina operaba dentro de una base militar ha desatado críticas sobre la complicidad o inoperancia de la fuerza pública colombiana.
Analistas y editoriales han calificado el caso como una muestra de la hipocresía de Washington, que acusa y sanciona a actores extranjeros mientras su propio sistema económico absorbe recursos generados por el crimen organizado. La investigación no solo pone en duda la ética del mercado de metales preciosos en tiempos de precios récord, sino que evidencia cómo la adicción global al oro termina financiando, indirectamente, la violencia y el terror que dice combatir.

Aprueba Huixquilucan integración del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción

* La presidenta municipal, Romina Contreras, y el cuerpo edilicio, aprobaron a los integrantes del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción, para el periodo 2026 - 2027
Lino Calderón 

Huixquilucan, Estado de México.- Con el objetivo de consolidar una gestión pública eficiente y transparente, el Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó, por unanimidad de votos, la integración del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción, para el periodo 2026 - 2027, para seguir avanzando en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.
Durante la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que este Comité tiene el propósito de diseñar políticas públicas y promover programas para combatir la corrupción en procesos administrativos del municipio, así como reforzar las acciones del gobierno municipal para continuar como una administración transparente.
"En Huixquilucan, trabajamos de frente a la gente, y gracias a que manejamos los recursos con honestidad, hoy tenemos mejores programas para todos. Con el apoyo del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción, estamos blindando al municipio para que siga siendo el mejor lugar para vivir. Fortalecer organismos como éste es clave para consolidar a Huixquilucan como un referente de buen gobierno”, sentenció Romina Contreras.
Este Comité fue aprobado para el periodo que comprende del 16 de mayo de 2026 al 15 de mayo de 2027, el cual está integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana y presidente del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal de Anticorrupción, Rogelio Ambrosio Meneses Aguilar; el titular del Órgano Interno de Control Municipal, Benito García Ávalos; y el titular de la Unidad de Transparencia Municipal, Diego Tejeda Calvario.
"Con la renovación de dicho órgano y la suma de perfiles ciudadanos, Huixquilucan consolida su posición como referente en gestión pública. Al robustecer estos mecanismos de supervisión, la administración garantiza que la integridad y rendición de cuentas sean los pilares encargados de salvaguardar el patrimonio municipal, asegurando un gobierno abierto que actúe siempre con ética en beneficio de la población”, señaló Romina Contreras.
Asimismo, en esta Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó, por unanimidad de votos, la integración de Marycarmen Gómez Gil al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal de Anticorrupción de Huixquilucan, para fortalecer el vínculo directo entre la ciudadanía y las autoridades, así como vigilar el correcto uso de los recursos públicos y prevenir, detectar y sancionar posibles actos de corrupción o faltas administrativas.
Por último, la alcaldesa indicó que este nombramiento fortalece los pilares de ética y rendición de cuentas de la actual administración, toda vez que se construyen filtros sólidos para asegurar que la honestidad sea uno de los ejes principales de los servidores públicos.

Rescatan a ocho mujeres víctimas de explotación sexual en Cancun, Quintana Roo

Cdmx, mayo 01 de 2026.

Pedro Moreno 

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en colaboración con la Guardia Nacional, rescató a ocho mujeres que eran víctimas de explotación sexual en el Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo.

Estas acciones, derivadas de exhaustivos trabajos de inteligencia, se llevaron a cabo a través de dos cateos estratégicos en diferentes puntos de la ciudad de Cancún, donde se logró la liberación de víctimas procedentes de Colima, Jalisco y Chicago, Illinois, Estados Unidos.

El primer operativo tuvo lugar en un inmueble de la calle Isla Holbox, en la Supermanzana 32, donde los Agentes localizaron a tres mujeres mexicanas y una estadounidense. 

Poco después, en seguimiento a las líneas de investigación, las autoridades se trasladaron a un segundo domicilio, ubicado en la calle Canario de la Supermanzana 523; donde fueron resguardadas otras cuatro mujeres de nacionalidad mexicana, consolidando así el rescate de las ocho víctimas.

El modus operandi de los tratantes consistía en el engaño mediante promesas de altos ingresos como acompañantes (escorts), captando principalmente a madres solteras en situación de precariedad económica. 

Una vez que las víctimas llegaban al municipio bajo el ofrecimiento de gastos pagados, los criminales les imponían deudas arbitrarias de entre 6 mil y 10 mil pesos por conceptos de traslado y hospedaje, utilizándolas como mecanismo de control para iniciar la explotación.

De acuerdo con las investigaciones, las mujeres eran forzadas a cumplir jornadas extenuantes de 12 horas, realizando hasta cinco servicios sexuales diarios con un costo de 2 mil 500 pesos por cliente, de los cuales los tratantes confiscaban el 50 por ciento. 

Además, las víctimas sufrian maltratos físicos, sanciones económicas acumulativas y la obligación de trabajar incluso durante su periodo menstrual, todo bajo amenazas de muerte directas contra ellas y sus familiares.

Durante los cateos, los peritos aseguraron cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares, dosis de presunta marihuana y libretas con el registro de los servicios realizados. 

Los dos inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo de la Agencia del Ministerio Público, mientras que las víctimas fueron canalizadas a instancias especializadas para recibir protección y atención integral, garantizando su seguridad tras el cautiverio.